DEMOCRACIA 
"La utópica falacia del gobierno del pueblo. Su devenir en la historia hasta el siglo XVIII"

LA REVOLUCIÓN FRANCESA. EL TRÁNSITO HACIA LOS MODERNOS SISTEMAS POLÍTICOS DE CORTE POPULAR

 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN EL MARCO DE CATEGORIZACIÓN DE LAS REVOLUCIONES

   En opinión de Daniel Mornet, y considerándolas en líneas generales, existen tres clases de revoluciones. Unas estarían motivadas por la miseria y el hambre de la gente que, ante la imperiosa necesidad de satisfacer sus penurias, se movilizará de manera exasperada y violenta, derivando en episodios de anarquía y brutales represiones. Ocurrirá otras veces que, ante situaciones también de miseria o descontento, un reducido grupo de gente intrépida e inteligente, se pondrá al frente de una masa apática, para liderar un movimiento de cambio social y político con la pretendida intención de mejorar las cosas. Por último, dice Moner, se dan otras revoluciones donde, “si no la mayoría, al menos una muy amplia minoría, más o menos ilustrada, concibe los defectos de un régimen político, las reformas profundas que anhela, luego arrastra poco a poco a la opinión pública y llega al poder más o menos legalmente; las masas siguen porque, al menos de una manera vaga, están preparadas para comprender y preferir las ideas en cuyo nombre se realiza la revolución[1]. No cabe duda, concluye Mornet, que, en su conjunto, “la Revolución francesa pertenece a esta última clase[2].

  Cuando un pueblo vive de manera placentera, comenta también Godechot hablando de las revoluciones, a nadie se le pasa por la cabeza el rebelarse y provocar altercados y enfrentamientos. Por el contrario, dice, “son las dificultades de la vida, el temor, la inquietud por el futuro, lo que provoca en principio un descontento latente y una predisposición a la rebelión de las masas (…) La inquietud por el futuro, la incertidumbre, el descontento, predisponen la mentalidad revolucionaria. Falta que las masas inquietas puedan hallar las razones y el porqué de sus miserias[3]. Situaciones como las descritas, comenta, se vienen a dar en la Europa occidental a partir de 1770 y, particularmente en Francia, a causa de una serie de malas cosechas que provocaron el alza desmesurada en los productos básicos, mientras que los salarios se mantuvieron sin variación.

   Tomando en consideración estos supuestos generales que acabamos de esbozar sobre un posible origen causal aplicable a la Revolución francesa, habremos de significar que, abordar un estudio sobre la misma sin acotar en el devenir de sus acontecimientos el camino por el que debiéramos transitar, podría conducirnos a escribir y escribir, pero sin llegar a concretar nada de lo fundamental que este tema podría aportarnos a nuestro propósito en el trabajo que venimos desarrollando.

  En consecuencia, y continuando en la línea que nos trazamos desde el principio, en el tema de la Revolución francesa, centraremos nuestra atención, no tanto en el relato histórico de los acontecimientos de carácter trascendental que se produjeron en los momentos más críticos y cruciales de los movimientos revolucionarios, cómo sí en las causas que los provocaron y en los objetivos que pretendían sus protagonistas, así como en el estrato social de quienes los componían e impulsaban, al igual que en saber sobre las posibles ideas y teorías en las que sustentaban y fundamentaban sus propuestas de actuación.

  Sobre esta cuestión de las ideas y teorías, es nuestro propósito tomar como referencia principal para nuestro estudio la obra que citamos de Mornet. En línea con lo que refiere en la introducción a la misma, hemos de significar que dirigiremos nuestro estudio a tratar de conocer cuál pudo ser el papel que jugó el colectivo intelectual de la sociedad francesa en la preparación de la Revolución. En este sentido hemos de puntualizar que, siendo tantos los escritores, y procedentes de muy distintos rangos sociales, así como también lo fue la diversidad de las ideas que difundieron entre sus contemporáneos, optaremos por profundizar más en la generalidad del conjunto de esas ideas, que en las particularidades propias de cada uno de ellos, pues, como bien dice Mornet hablando de una posible clasificación de la importancia de los escritores, en una escala del uno al diez, “los que para nosotros son de décimo orden han sido a veces, para sus contemporáneos, del primero[4]. En definitiva, es nuestra intención tratar de conocer el razonamiento y detalle de las reflexiones a las que pudieron llegar los distintos colectivos y estamentos de la sociedad francesa para llegar a concluir en la necesidad de tan profundas reformas como las que se persiguieron con la Revolución.

 

ANTECEDENTES CAUSALES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

   Una cuestión que está siempre patente en quienes, con una u otra intención, se acercan al estudio de la Revolución Francesa, es la que gira alrededor de las posibles causas que la provocaron. No hay unanimidad en las conclusiones a las que les conducen sus investigaciones, sus resultados se acercan a las más diversas teorías en función del perfil ideológico de quienes las formulan.

  Así, para algunos, la Revolución francesa sería una consecuencia inmanente al devenir del mismo proceso de la historia, que tiene al pueblo como principal protagonista de la misma. Los de corte liberal verían en ella una respuesta a la monarquía absolutista y despótica, mientras que los de corte marxistas la achacarían a factores económicos y a las revueltas sociales que los mismos acarrean. Desde perspectivas católicas, la Revolución francesa sería la consecuencia final de un largo proceso de descristianización y laicización de la sociedad y de su cultura. Finalmente, hay quien ve en ella la culminación del progreso y perfeccionamiento de la civilización.

  Algo de razón pudieran tener cada uno de quienes sostienen algunas de estas respuestas a la pregunta que nos hacemos. Pero no se trata de consensuar la razón, o razones últimas, que pudieron motivar el proceso revolucionario en la Francia de aquellos momentos, y aunque el profundizar en sus causas sería una tarea interesante, no es ese nuestro cometido principal. Aun no siéndolo, si queremos valernos en nuestra exposición de los tres grupos en los que Miguel Poradowski, del que hemos tomado la categorización señalada de las posibles causas que apuntamos, las encuadra: las causas remotas, las causas inmediatas y las causas de las particulares etapas del proceso revolucionario. En referencia a esta división temporal, apunta este autor, “hay que respetar siempre el principio de la adecuada proporción entre la causa y el efecto. De cuyo principio muchos historiadores se olvidan, imputando a algún acontecimiento de ser la única, o al menos la principal causa del complicadísimo proceso sociológico-político-económico-cultural, como, evidentemente, lo es, la Revolución francesa[5].

  Partiendo, pues, de esta estructura temporal, y teniendo como referencia orientativa esas posibles causas que nos apuntan las distintas corrientes ideológicas, pretendemos ahondar en los distintos problemas que acuciaban a cada una de las distintas capas estamentales de la sociedad francesa, en el estatus social y económico de sus componentes, la homogeneidad o discrepancias en las distintas motivaciones y objetivos de las mismas, y, de manera especial, tratar de saber sobre las posibles ideas y teorías en las que, cada una de ellas, sustentaban y fundamentaban sus propuestas de actuación.

 

FRANCIA BAJO EL SISTEMA POLÍTICO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

   El término de “antiguo régimen” es un concepto historiográfico, utilizado peyorativamente por los revolucionarios franceses, para distinguir al régimen político anterior - Ancien régime – del que se impondría precisamente con el triunfo de la Revolución. Fue este un sistema político en el que, entre otras características, habría que resaltar la coexistencia de una monarquía absoluta con una sociedad de tipo estamental que agrupaba a la gente en función de su procedencia y estatus.  

  En opinión de Hampson, asociar esta etapa de la historia de Francia con un periodo de calma idílica, según parece el propósito de algunos franceses, puede conducir a serios errores. Una monarquía cada vez más cuestionada, una sociedad con vestigios feudales, junto con el poder de una Iglesia cada vez más desacreditada y supeditada al poder del Estado, acarreará, dice este autor, una serie de conflictos y desencuentros que mostrarán sus consecuencias más graves hacia finales del siglo XVIII. Por consiguiente, concluye Hampson, “el análisis de esa sociedad y de las tensiones que iban a desgarrarla es un preludio necesario para la comprensión de la Revolución y de su desmanteladora influencia[6].

  En una línea similar se pronuncia Tocqueville al advertir que, “para comprender bien la Revolución y su obra, era preciso olvidar por un momento la Francia de nuestros días e ir a interrogar en su tumba a la Francia que ya no existe[7]. Y eso es lo que pretendemos en nuestra incursión en el llamado “Ancien Régime”, tratar de encontrar algunos indicios que nos ayuden en nuestro propósito de intentar descubrir en los momentos prerrevolucionarios, posibles claves para entender mejor lo que después sucedería, así como lo que se pretendía conseguir con la consolidación de la Revolución.

  Abundando en lo mismo, a la vez que nos proporciona otros indicios sobre los que dirigir nuestras indagaciones, apunta Soboul: “Las razones para que la Revolución francesa haya constituido el episodio más clamoroso, por su propia violencia, de las luchas de clase que han llevado a la burguesía al poder, hay que buscarlas en las características específicas de la sociedad francesa del Antiguo Régimen[8].

  Cuenta Taine que, en 1789, quienes, junto al rey, ocupaban alguno de los cargos importantes en la organización del Estado procedían del clero o la nobleza, y que, si esto venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo, era porque lo venían mereciendo desde antaño. Ciertamente, comenta, “por un esfuerzo inmenso y secular, habían construido, uno tras otro, los tres principales fundamentos de la sociedad moderna[9].

  En opinión de este autor, y como opinión la exponemos para aproximarnos al relato histórico de cómo pudieron suceder las cosas, de estos tres fundamentos, el más antiguo y el que gozaba de mayor arraigo era obra del clero. En una sociedad que, tras la caída del Imperio de Roma, se desmoronaba y se convertía en presa fácil para los propósitos de conquista de las hordas bárbaras, la Iglesia lograría construir a su alrededor, “una sociedad viviente, guiada por una disciplina, sostenida por una abnegación de los jefes y la obediencia de los fieles[10].

  Tras el desamparo en el que quedaron las tierras anteriormente ocupadas por Roma, el desconcierto y la zozobra sembraron de incertidumbre a toda su gente, lo que sería aprovechado por algunos pueblos del norte para intentar ocupar por la fuerza de las armas sus territorios. Los Estados que se habían venido conformando tras la decadencia de Roma, y que, en principio, opusieron una seria resistencia armada a las oleadas invasoras, pronto se fueron desmoronando y sucumbiendo en su intento. Es entonces cuando, desde su devastación, van surgiendo numerosos grupos de carácter militar cuyos cabecillas o líderes conseguirán afianzarse en las tierras que van ocupando, haciéndolo de manera que ya no las consideraban como una posesión en precario, sino haciéndolo como titulares y propietarios, convirtiéndolas por su conquista en sus burgos o condados. Ya no será el rey quien va a combatir por defender lo suyo, dice Taine: “Ahora el bienhechor, el salvador es el hombre que sabe pelear y defender a los demás, y tal es, efectivamente, el carácter de la nueva clase que se establece. En el lenguaje de los tiempos, el noble es el hombre de guerra, el soldado, y él es quien establece el segundo fundamento de la sociedad moderna[11].

  Con el paso de los siglos, sigue relatando este autor, aparece la institución real, bajo cuyo amparo se irán ensanchando y aunando los pueblos para ir conformando unidades políticas más amplias: “para que la patria chica y feudal se convierta en la patria grande y nacional, es suficiente ahora que todos los señoríos se reúnan en manos de un solo señor, y que el rey, jefe de los nobles, establezca sobre la obra de éstos el tercer fundamento de Francia[12]. De esta manera, paso a paso, tras la sucesión de diversas uniones matrimoniales en el seno de las realezas y las sucesivas conquistas de nuevas tierras, se irá conformando el gran Estado que sería Francia durante el reinado de Luis XIV, llegando a ser uno de los más poderosos de Europa.

  Hasta entonces, Francia, como casi todo el occidente europeo, tuvo que transitar varios siglos bajo el régimen feudal. Un sistema político de patrocinio fundamentado en el vasallaje, por el que, un hombre libre prometía fidelidad a su señor y se comprometía a acompañarlo en la lucha, a cambio de recibir de él tierras y protección. En reciprocidad, el señor se comprometía a protegerlo, pudiendo éste salir de su amparo, caso de que el señor no cumpliera con ello. Alrededor de este lazo de unión entre el uno y los otros, discurrirán las relaciones sociales del feudalismo.

  Ahora bien, precisamente en Francia, según escribe Tocqueville, “muchos dominios jamás estuvieron sujetos a las leyes feudales y los que sí lo estaban eran, según parece, de menor extensión que en muchos otros Estados de Europa[13]. Desde mucho antes de la Revolución, comenta este autor, la posesión de la tierra ya no era un signo de notoriedad y poderío. Por entonces, el crecimiento del comercio y la industria era relativamente lento en su progreso, el pueblo no acababa de ver, todavía, el beneficio potencial de estos medios y las posibilidades que les podían proporcionar para su mejora social. La tierra iba dejando de ser una distinción de la riqueza y venía a ser casi el único medio de ingresos para el pobre. La propiedad de la tierra, comenta Tocqueville, dejaba de estar en posesión de la nobleza para pasar, notablemente fraccionada a posesión de las clases menos favorecidas. Estos cambios en la posesión de la tierra, concluye Tocqueville, “facilitaban singularmente la gran revolución política que pronto se iba a operar[14].

  Algo que también trajo aparejado el régimen feudal, fue, al margen de otros privilegios, un tratamiento especial en cuanto a beneficios fiscales tanto para el clero como para la nobleza, beneficios que, en mayor o menor grado, vinieron subsistiendo hasta las mismas puertas de la Revolución.

  Según comenta Lefebvre, el clero, era un estamento que gozaba, no sólo de altas prerrogativas de trato a todos los niveles, sino de los más ventajosos privilegios económicos y fiscales. Dotado de una administración propia, así como de tribunales particulares, estaba exento del pago de los impuestos directos ordinarios, además, era el mismo clero quien fijaba el importe del “don gratuito” que aportaban a las arcas reales. Sus propiedades en bienes raíces, estimadas según este autor en una décima parte del reino, les proporcionaban unos ingresos considerables por la renta del diezmo que percibían de su explotación. Ejercían en exclusiva la labor de la enseñanza y de la asistencia social, al igual que lo hacían como censores de todo aquello que se imprimía legalmente. Asimismo, el clero, mantenía estrechos lazos de unión con la monarquía y ejercía, tanto por cuenta del rey como por cuenta propia el gobierno de las almas, y, concluye Lefebvre, “después de la revocación del Edicto de Nantes, todos los franceses quedan censados como católicos; lo que denominamos el estado civil queda en manos de los curas; un súbdito del rey sin sacramentos, no tiene existencia legal, y sus hijos se reputan bastardos y no pueden heredar[15].

  Por su parte, la nobleza, aunque su situación no fuera tan propicia como la del clero, también gozaba de importantes privilegios, tanto de carácter honorífico, como de exención en el pago de tributos. De ella, dice Soboul, aun siendo el segundo estamento de la monarquía, “era la clase dominante de la sociedad[16]. Pero lo que habría que significar como nota más característica de la nobleza era el origen de su linaje, esto es, el hecho del nacimiento; se nace noble. “La superioridad del noble sobre el estado llano innoble, proviene de la sangre, y de aquí que esta superioridad sea inalienable y que el matrimonio con un plebeyo sea una mancha imborrable[17].

  Aunque los privilegios entre los que conformaban la clase noble eran bastante homogéneos, se podían distinguir en su seno diversas categorías, a veces, con intereses contrapuestos entre ellas. La nobleza de Corte tenía su residencia en la corte de Versalles. Disfrutaban de una vida llena de lujos gracias a las prestaciones que recibían del rey, que venían a complementar las rentas que obtenían de sus posesiones, si bien, la más alta nobleza sufría momentos de penuria debido a los innumerables gastos que tenían que soportar para mantener su condición y posición social. Este grupo superior de la nobleza, aun sin renunciar a sus privilegios, comenta Soboul, “se veía impulsado hacia la alta burguesía, con la que compartía ciertos intereses económicos[18]. Por otro lado, la nobleza provinciana dependía para su supervivencia del aprovechamiento de sus derechos feudales y trataba de sobrevivir con las rentas obtenidas de la explotación de sus tierras, reclamando con toda fuerza el poder recuperar sus derechos tradicionales.

  Haciendo un compendio de la situación, comenta Soboul la falta de voluntad en la nobleza a la hora de salvaguardar sus intereses pues, aun siendo diferentes en algunos casos, necesitaban de un esfuerzo común para su defensa y mantenimiento. Por un lado, nobleza de provincias mostraba su oposición al absolutismo, por otro, la nobleza de la Corte ilustrada se posicionaba al lado del régimen pues se beneficiaba con las arbitrariedades de su despotismo, sin percatarse de que la falta de unión en defensa del sistema, perjudicaba el mantenimiento de su ventajosa situación. Frente a esta nobleza, finaliza Soboul, “estaba el Tercer Estado en pleno: los campesinos, a quienes exasperaba el régimen feudal; los burgueses, que se irritaban ante los privilegios fiscales y honoríficos; el Tercer Estado, unido por su hostilidad común contra el privilegio aristocrático[19].

  

LOS ACTORES DE UNA REVOLUCIÓN EN CIERNES. ACTITUDES, IDEAS Y OBJETIVOS

 Los primeros atisbos revolucionarios

   Los años precedentes a la Revolución francesa, según cuenta Tocqueville, fueron, en general, de gran prosperidad en la Europa occidental, lo que trajo consigo el desarrollo de las artes útiles y que se dedicara más tiempo al disfrute de las holganzas materiales. Ante una vida más ocupada, pero a su vez más placentera, el idealismo personal tendía más a contemplar las cuestiones rutinarias de la vida diaria y dejar a un lado la reflexión más especulativa centrada en el propio hombre. En el año 1787, comenta, esa vaga conmoción que agitaba a toda Europa sin una dirección concreta, “de golpe pasó a ser en Francia una pasión activa encaminada a un fin preciso[20].

  Pero, paradojas de la vida, prosigue, quienes al principio llegaron a manifestar un apasionamiento más acusado, no serían los mismos que después harían la Revolución. De la misma manera, la finalidad que primeramente intentaban conseguir, no llegó a ser la que después se constituiría en esencia y fin de la Revolución. Es más, quienes experimentaron y mostraron esa pasión, serían, precisamente, aquellos que la Revolución devoraría después.

  En efecto, dice Tocqueville, el fin que en un principio se persiguió no fue la igualdad de derechos, sino la libertad política. Los franceses que primeramente se movilizaron, que encendieron los ánimos de la sociedad e iniciaron la Revolución, no provenían de las clases más humildes, procedían de las más elevadas. La constante animadversión hacia el poder absoluto y sus desmedidas arbitrariedades, no hizo primero mella en el pueblo llano, concluye, “captó en primer lugar a los nobles, a los sacerdotes, a los magistrados, a los más privilegiados de los burgueses, a todos aquellos, en fin, que por ser los primeros en el Estado después del soberano, tenían más que otros, los medios para resistirle y la esperanza de compartir su poder[21].

  Mediada la segunda mitad del siglo XVIII, no faltaban razones a las clases más humildes de la sociedad francesa para encabezar un levantamiento contra el poder establecido. Pudieron ser estos, como escribe Tocqueville, años de bonanza en Europa, pero, ateniéndonos a lo que cuenta Godechot[22], las circunstancias en Francia no vaticinaban buenos augurios para el bienestar de su gente.

  Así, también escribe Soboul sobre la prosperidad que vivió la sociedad francesa en el siglo XVIII, situando el mayor apogeo económico a finales de la década de 1760 y comienzos de 1770, época que llama “El esplendor de Luis XV”, en contraposición con lo que ocurriría después de 1778 con “la decadencia de Luis XVI”: “periodo de contracción, después de regresión, que culminó en 1787 con una crisis generadora de miseria y de problemas[23]. El hecho de que la incidencia de la crisis en las clases más populares, prosigue, las hubiera movilizado en pos de la burguesía, no habría sido más que un hecho accidental; el problema era más profundo.

  Soboul no comparte la opinión de algunos autores que atribuyen a los círculos facciosos de la burguesía la movilización de las masas populares en 1789. Como tampoco está de acuerdo con quienes defienden que fueron los instintos de venganza y las acciones sangrientas de las masas populares lo que motivó la rebelión de las mismas. Fue el hambre, sostiene Soboul, lo que motivó el levantamiento de las masas populares en Francia. “El hambre popular aparece como consecuencia de los caracteres generales de una fase de alza y de expansión, pero asociados a los movimientos cíclicos y estacionales, matizados por la consideración del salario real, explicados finalmente por las características históricas de la economía y la demografía de la época[24].

 

Luis XVI. El ocaso de la monarquía

   Luis XVI ocupó el trono de Francia a una edad muy temprana, ni siquiera había cumplido los veinte años. En su instrucción habían prevalecido más otras enseñanzas y virtudes que las propias que debiera conocer para ejercer con solvencia el oficio de rey. Hombre de voluntad débil, carecía de un prestigio socialmente reconocido. Aficionado a la caza y a los trabajos manuales, detestaba los bailes y pasatiempos de la corte, siendo por ello objeto de burlas y desdenes por parte de sus cortesanos que lo tenían en muy mala consideración.

  Sobre el poder y la autoridad del rey, cuenta Hampson, que el ocaso del absolutismo en Francia se fue fraguando conforme avanzaba el siglo XVIII. La administración y el gobierno se encontraban centralizados en Versalles desde los tiempos de Luis XIV. Sus sucesores, Luis XV y, especialmente Luis XVI, no supieron imponerse para mantener esta separación y dieron lugar a que los miembros de la Corte fueran ocupando los principales puestos en el Gobierno.

  Siendo la monarquía, concluye Hampson, el órgano impulsor de los avances en la sociedad y la economía francesa en el antiguo régimen, a medida que el rey fue cayendo en una dejación de sus funciones sin que surgiera el necesario relevo sustitutorio, “la Administración se estancó en la rutina, y los agentes del Gobierno tendieron a transformarse en funcionarios que aspiraban a ingresar en las filas de esa misma aristocracia cuyo control la monarquía les había confiado[25].

 

La Nobleza. Una clase dividida en busca de su destino

   La nobleza constituía, después del clero, el segundo estamento de la monarquía, si bien, en círculos sociales estaba considerada la clase dominante. Gozaba de ostensibles privilegios honoríficos, así como también disfrutaba de numerosas ventajas de carácter económico y fiscal, aunque se podían apreciar ciertas reticencias entre los círculos que la componían que se agudizaron a finales del siglo XVIII. Al no constituir un colectivo homogéneo en sus características, pudiera ser, según escribe Soboul, que no advirtieran la necesidad de estar unidos para una mejor defensa de sus intereses, manteniendo una actitud crítica y de oposición hacia la monarquía en un intento de recuperar antiguas normas más favorables. Así, comenta, la nobleza de provincias mostraba sin complejos su oposición a un régimen absolutista, mientras la nobleza de la Corte ilustrada, “se beneficiaba con los abusos del régimen, pidiendo a la vez que se reformase sin tener en cuenta que su abolición le traería el golpe de gracia[26].

  Una parte importante de la nobleza abogaba por mantenerse blindada a nuevas incorporaciones y convertirla en una casta cerrada, a la que, acorde con su dignidad, le estarían reservados los empleos públicos, reclamando, también, que la formación de sus hijos para tal menester corriera a cargo de las arcas reales. Algo que parecen habrían logrado durante el reinado de Luis XVI, según cuenta Lefebvre, pues, con excepción de Necker, fueron nobles todos sus ministros, dándose el caso, además, que, en 1789, todos los obispos provenían igualmente de la nobleza y los parlamentos excluían a los plebeyos.

  La ambición de la nobleza iba mucho más allá y no se contentaba solamente con la ostentación de esos cargos. Los nobles se encontraban resentidos con el rey, toda vez que, a pesar de sus privilegios, los tenía en consideración de súbditos, cuando tiempo atrás actuaban como sus consejeros natos y eran partícipes necesarios en su toma de decisiones[27]. La clase noble tenía un sentimiento de haber sido relegada en beneficio de otros estamentos e instituciones, por lo que, en opinión de Lefebvre, tal situación habría dado origen a una reacción de la aristocracia contra el sistema de gobierno. La crisis financiera, sigue comentando, será el motivo que va a aludir la aristocracia para subestimar la idoneidad de la realeza en la búsqueda de soluciones y reclamar para sí su mejor hacer para solventarla. La Revolución francesa, concluye Lefebvre, “comenzó en 1787 y fue el principio de una revolución aristocrática[28]. En consecuencia, es fácil deducir que, la situación en la que ahora se encuentra la nobleza dista mucho de ser la misma que había venido disfrutando en tiempos pasados, cuando su poderío se encontraba en todo su auge y participaba decisivamente en las decisiones de gobierno.

  Al respecto, comenta Tocqueville que, en situaciones de apogeo de la aristocracia, ésta, “no sólo dirige los asuntos públicos, sino la opinión, da la pauta a los escritores, y autoridad a las ideas[29]. En el siglo XVIII, al perder la nobleza gran parte de su crédito como fuerza influyente, no sólo ante el poder, sino también ante la sociedad, prosigue, dejaba vacío el lugar que ocupaba en el espíritu de la gente, “y los escritores podían ocuparlo a sus anchas y llenarlo ellos solos[30].

  Bajo el reinado de Luis XIV los nobles ejercían una especie de mecenazgo hacia los escritores, aunque no se mezclaban con estos, formando dos clases diferentes sin llegar a confundirse. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la situación era bien distinta. No es que los escritores, comenta Tocqueville, hubieran sido distinguidos con algún privilegio por parte de los nobles; la nobleza no les había llamado a sus filas, “pero muchos se habían trasladado a la de los escritores[31]. En opinión de este autor, la literatura pasaba a revestirse de un halo de neutralidad enarbolando la bandera de la igualdad. El hombre de letras y el gran señor, concluye, “se encontraban en ese espacio sin buscarse ni temerse, viéndose así reinar fuera del mundo real una especie de democracia imaginaria en la que cada cual quedaba reducido a sus cualidades naturales[32].

  A pesar de que la afección por la cultura literaria venía arraigándose en Francia desde hacía ya tiempo, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando los hombres de letras comenzaron a preocuparse de la temática gubernamental. Aunque a diario no se ocupaban de disertar sobre cuestiones políticas, tampoco permanecían ajenos al discurrir de sus eventualidades y dedicados meramente al discurso filosófico y literario, hasta el punto que, la cuestión gubernamental, se estaba convirtiendo en su tarea casi habitual. A diario, escribe Tocqueville, “se les oía discurrir acerca del origen de las sociedades y de sus formas primitivas, de los derechos primordiales de los ciudadanos y de los de la autoridad, de las relaciones naturales y artificiales de los hombres entre sí, del error o la legitimidad de la costumbre, y de los principios mismos de las leyes[33]. No mantenían un criterio homogéneo en lo referente a los sistemas políticos de gobierno, pero sí parece coincidían en la conveniencia de dejar a un lado las intrincadas costumbres apegadas a la tradición que imperaban en la sociedad y decidirse por adoptar normas más asequibles ordenadas por la razón y la ley natural.

  Con esa manera de contemplar la política y la vida pública, consiguieron atraer a todos cuantos se sentían perjudicados por la normativa legal que les venía en aplicación, llegando incluso a cautivar a quienes por su condición social se encontraban más alejados de sus hipotéticas teorías. La vida pública, en general, transitó a procesos de corte filosófico a la par que la vida política parecía especular tutelada por la literatura. Fue entonces cuando, los escritores, según cuenta Tocqueville, “arrogándose la dirección de la opinión pública, se vieron por un momento ocupando el lugar que de ordinario ocupan los jefes de partido en los países libres[34].

 

El Clero. Sus temores por la irreligión y el laicismo

   

De los tres órdenes o estados en los que estaba dividida la sociedad francesa el clero era el que gozaba de una posición más privilegiada. Al margen de los beneficios fiscales y administrativos que disfrutaba, al clero, según cuenta Lefebvre, le pertenecía alrededor de una décima parte del suelo de Francia, del que percibía el diezmo de su producción y rendimiento. La Iglesia ostentaba un enorme poder social y ejercía una notable influencia en la conciencia ciudadana. Impartía en exclusiva la enseñanza y participaba en las labores de censura de los libros que se publicaban. Además, era la que se ocupaba de los más pobres y de los indigentes comandando las tareas de beneficencia. En particular, comenta este autor, “La parroquia rural apreciaba mucho a su párroco, y es posible que la Revolución no hubiera podido iniciarse sin él[35].

  El poder de la Iglesia era tal en la Francia anterior a la Revolución que, de alguna manera y aunque fuera indirectamente, tenía la capacidad suficiente para ejercer su influencia en las decisiones gubernamentales. Según cuenta Tocqueville, “Francia tenía una religión de Estado por la que sus ministros no sólo eran privilegiados, sino dominadores exclusivos. La Iglesia, propietaria de una porción del territorio como en la Edad Media, penetraba en el gobierno[36]. Desde esta perspectiva tan favorable a los intereses eclesiales es fácil entender la preocupación del clero por la corriente intelectual en su contra que comenzaba a extenderse por casi todas las capas sociales, y que ponía en serio peligro, ya no el disfrute de los relevantes privilegios que venía disfrutando desde siglos atrás, sino algo todavía más grave, la posible relegación de la religión católica, hasta el punto de peligrar la propia existencia de la Iglesia católica en Francia.

  A comienzos del siglo XVIII, según cuenta Mornet, el ideal social predominante, al menos en el plano teórico, se remitía a la idea que el hombre había sido creado por Dios y, por tanto, le debía una suma obediencia. La voluntad divina venía transmitida a través de la jerarquía eclesiástica que, a la vez que actuaba como directora espiritual de las almas, podrían hacerlo como jefes políticos de los hombres. Ahora bien, para la dirección política, son los reyes, ungidos por Dios, los que han recibido un poder absoluto del que sólo son responsables ante Él. “Son los amos de los cuerpos y bienes de sus súbditos; pueden despojarlos, encarcelarlos, darles muerte; a sus súbditos no les cabe el derecho de resistírseles o de acusarlos, como no les cabe el de acusar a Dios por enviarles la peste, los terremotos, la sequía, la hambruna[37]. Puede que el pueblo obedeciera por temor al despótico soberano, pero qué duda cabe que, atendiendo a la doctrina que inculca la Iglesia a la gente, no dejarían de ver en esa sumisión al poder real un acto de obediencia al mismo Dios por el que estarían labrándose el camino hacia la vida celestial.

  Estas creencias prevalecieron durante siglos en el ánimo de la gente, hasta que, puede que por el abuso de un poder despótico de reyes y clero, en algunos círculos intelectuales comienzan a cuestionarse esas teorías. Se inicia entonces un comprometido debate al poner en duda si merecía la pena soportar el sufrimiento al que les avocaba la doctrina eclesial y renunciar a ciertos placeres, cuando Dios había construido un mundo para el disfrute del hombre, a la vez que inscribía en su conciencia el deseo de ser felices. Una controversia de la que surgen unos nuevos planteamientos que entrarán en colisión con la doctrina imperante que aboga por el sufrimiento y da la espalda al encuentro con la felicidad en la vida terrenal. Deviene entonces un cambio de tendencia a la hora de especular sobre el sentido de la presencia del hombre en el mundo, dando lugar a una corriente ideológica de la que sobreviene la concepción de una nueva moral; una moral autónoma y laica, desligada de la moral religiosa. Una moral que daría nuevo impulso al sentimiento de libertad y que defiende: ”todo individuo, y por extensión todo el pueblo, tiene derecho a dirigir sus propios actos; esta idea todavía oscura, incompletamente definida y mal formulada se introdujo poco a poco en todos los espíritus[38].

  Estas nuevas ideas van a ser enarboladas como sostén de sus discrepancias por quienes se enfrentan a los que defienden un cristianismo dogmático e intolerante. Frente a la religión imperante que solapa una moral encubierta en su doctrina, defienden una religión natural que conviva con una correlativa moral natural, flexible e independiente.

  Qué duda cabe que va a ser el clero el ente más perjudicado por la proyección social, cada vez más en auge, de estos nuevos aires de libertad que, cuando no se oponen abiertamente, ponen en duda la doctrina católica que exige una obligada sumisión de los fieles a sus preceptos, bajo pena de privarles del premio de la salvación de sus almas.

  La incredulidad es cada vez más fuerte, sobre todo en ambientes de la nobleza, hasta el punto, como relata Mornet, de que algunos nobles rechazan los sacramentos al momento de morir. No se trata, comenta, que se dé una situación de incredulidad estrepitosa, sino más bien de indiferencia ante todo aquello que anteriormente había suscitado devoción incondicional. Aun entre quienes siguen siendo creyentes o se imaginan serlo, dice Mornet, “la religión tiende a menudo a confundirse con la religión natural, con un deísmo humanitario[39].

  A partir de la segunda mitad del siglo XVIII un sentimiento de irreligión comienza a calar en las distintas capas sociales y se extiende por toda Francia. Algo que no deja impasible a la Iglesia que muestra una actitud beligerante contra quienes secundan y difunden las nuevas propuestas en contra de su tradicional doctrina. Se libra entonces una batalla entre quienes defienden la fe y los partidarios de un pensamiento libre de las ataduras religiosas, en medio de una dialéctica en la que se van oponiendo argumentos a los argumentos y textos a los textos; disputas entre teólogos y eruditos situadas fuera del alcance comprensivo del lector común. La fuerza de los filósofos, cuenta Mornet, “residía en que hablaban de hechos, de sentido común, razón común y no razón razonante y escolástica; después de razón práctica y razón irónica; y después de sentimiento y de razones del corazón[40]. Al entrar en la discusión cuestiones como la sustancia y el accidente, la premisa mayor y la menor, concluye, “la polémica católica estaba con toda seguridad vencida de antemano[41].

  Posiciones enfrentadas, como las que comentamos, fomentan en el espíritu de la gente un sentimiento de hostilidad hacia la religión que, poco a poco, se irá transformando en una actitud de crítica hacia el Estado, demandando en las protestas una reforma de su estructura política y social. Lo que hacia mediados del siglo XVIII eran ataques minoritarios contra los principios de la religión que se planteaban en algunos manuscritos, a partir de entonces se van convirtiendo en condenas casi unánimes a la política de la Iglesia en la mayor parte de los escritos que salen a la luz pública. Se reprueba su fanatismo y su falta de tolerancia y se le niega el derecho que se arrogan a imponer sus creencias por la fuerza; pretendiendo salvar las almas, incitan a mortificar el cuerpo para conseguirlo.

  En opinión de Mornet, hacia 1770 la animadversión hacia el clero era ya clara y manifiesta, aunque la Iglesia seguía sin renunciar al derecho que decía ostentar para imponer las penas corporales, contando en la aplicación de su doctrina con la connivencia de las autoridades políticas por temor a la opinión pública. De ese modo concluye Mornet, “la batalla contra el fanatismo es necesariamente una batalla contra la autoridad política, contra el estado. El fanático es el Estado; contra él va dirigida la irritación pública; es él quien se ve profundamente afectado por la derrota del fanatismo[42].

 

El difícil encaje de la burguesía entre la nobleza y el pueblo llano

   Una acomodada y provechosa situación de la nobleza, en la que el distintivo de la riqueza era la propiedad de la tierra y quienes la poseían eran considerados los amos de los que la cultivaban, venía imperando en Francia desde la época medieval. La clase noble se negaba admitir el ascenso de quienes se dedicaban al ejercicio del comercio y la industria, así como a reconocer que, junto al campesinado, estaban dotando al Tercer estado de un cierto poder e independencia que, según cuenta Lefebvre, “la organización legal de la sociedad no tomaba en cuenta[43]. Así lo consideraba también el abate Sieyes si tenemos en cuenta las premisas que establece al comienzo de su obra más representativa: “¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo[44].

  La costumbre feudal, cuenta Elinor G. Barber, atribuía, dentro de estos dos grupos: nobles y no-nobles, un determinado rango social a cada individuo según la casta a la que pertenecía en función de su nacimiento. Una división de jerarquías en la escala social que se encontraba en aparente coherencia con las convicciones de la Iglesia en el medievo, que distinguía al rico del pobre, y en las que no encontraba un fácil encaje una clase media como la que venía a representar la burguesía. Tradicionalmente, los puestos a desempeñar en la sociedad y la política, estaban determinados de antemano en función de la pertenencia a cada uno de estos dos grupos: “La clase noble ostentaba la autoridad política y religiosa de alto nivel y la clase no-noble asumía los papeles de comerciante, obrero y profesional[45].

  Las convicciones católicas que referimos asumían, sin mayores recelos, el criterio corporativo imperante sobre la jerarquía social, que no dejaba hueco alguno que pudiera ocupar la clase media burguesa en el espacio social que se podría abrir entre ricos y pobres, entre el poderoso y el humilde. Bajo el punto de vista de las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, comenta Barber, “la movilidad social de la burguesía equivalía a un reto directo al orden existente, designado por la divinidad[46].

  Pero como todo puede evolucionar y cambiar, así también ocurrió en el siglo XVIII con el sistema de estratificación social. Invocando una tradición que otorgaba un especial reconocimiento al desempeño exitoso de una actividad o función de notoria importancia social, se llegó a reconocer, como distinción para tales casos, la posible movilidad social hacia una escala superior. A pesar de ser una actividad de naturaleza plebeya, quienes practicaban actividades comerciales y artesanas gozaba de un cierto respeto, aunque nada comparable al reconocimiento que recibía la clase noble en el desempeño de las funciones que se les encomendaba.

  No era unánime en la sociedad francesa la condescendencia con la movilidad social entre clases, y se podía observar la inclinación hacia dos modelos de comportamiento, hasta cierto punto, contradictorios. Uno, predominante, que seguía apostando por el sistema de clases establecido, y que contaba con el asentimiento de las instituciones gubernamentales, y otro, secundario, que comenzaba a encontrar su espacio en la sociedad y se inclinaba por un sistema más abierto. La posición, largo tiempo arraigada y cada vez más acentuada, en contra del ennoblecimiento de la burguesía, que se observó hacia finales del siglo XVIII, escribe Barber, pudo haber acelerado la predisposición de ésta a favor de la revolución de 1789. Fue la burguesía, concluye, “quien bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, encabezó la Revolución y la que se benefició en mayor medida de ella[47].

  Si decisivas pudieron ser las divergencias existentes entre la nobleza y la floreciente burguesía en la gestación de la Revolución, concluyente debió de ser la situación de penuria e indigencia en la que se llegó a encontrar la mayor parte del pueblo francés. Según cuenta Godechot, en aquella época, la población de Francia era eminentemente rural; de los veintiséis millones de sus habitantes, solamente dos millones vivían en las ciudades. Así, comenta, aunque la revuelta del catorce de julio fuera de carácter urbano, e incluso esencialmente parisiense, “resulta absurdo imaginar que en un país con un 92 por 100 de población campesina, pueda llevarse a cabo una gran revolución social, económica y política sin la participación de las masas rurales[48].

  En lo que respecta a los obreros de las grandes ciudades, la escasa oferta de trabajo, junto a la alta demanda del mismo, era causa de los bajos salarios y factor decisivo en el incremento del desempleo. La preocupación que acuciaba al obrero era la de poder contratarse y la de encontrar pan a precios asequibles. Por su parte, los maestros artesanos eran conscientes de la situación y defendían la necesidad de que el obrero tuviera a su alcance el pan necesario, sin que recayeran en él los sobrecostes por la fluctuación de los precios de la harina: “si el pan es demasiado caro, hay que regular su precio, y en caso de necesidad, pedir a los ricos con qué indemnizar al panadero[49].

  El campesinado, en mayor o menor grado, compartía similares preocupaciones a las del obrero y trabajador urbano. Era este un colectivo que, entre las tierras de su propiedad y las que trabajaban en arriendo, controlaba casi un tercio de la tierra cultivable, aun con una repartición bastante desigual. Según comenta Lefebvre, nueve de cada diez familias tenían serios problemas de subsistencia; unas, la mayoría, porque el trozo de tierra que poseían no les rendía lo suficiente para alimentar a todos sus miembros; otras, porque ni siquiera tenían posesión alguna de tierra. Como remedio, eran muchos los que se veían obligados a tener que trabajar para terceros de jornaleros en el campo o de obreros en industrias y talleres, incluso, de no ser contratados, habían de recurrir a la mendicidad para poder subsistir: “el motín del hambre agrietaba pues la estructura administrativa y social[50].

  La servidumbre había desaparecido de la mayor parte del territorio francés por lo que, de algún modo, podríamos decir que la gente llana gozaba de un cierto grado de libertad, aunque, al menos en el campo, regían alguna de las antiguas normas feudales que exigían el pago del diezmo y los cánones señoriales, circunstancias que agravaban los problemas a la gente del campo en los momentos de malas cosechas, y en los que fundamenta Soboul este comentario: “Si el campesino no hubiera poseído la tierra hubiera sido menos sensible a las cargas que el sistema fiscal hacía pesar sobre la propiedad rural[51].

  En vísperas de la Revolución predominaban en el país las pequeñas explotaciones agrícolas, no exentas de ciertas peculiaridades y que apuntaban rasgos de desigualdad en las comunidades rurales. Tradiciones y costumbres como la propiedad de los bienes comunales, los derechos de uso sobre los campos, prados y bosques provocaban, de un lado, que la aristocracia y el campesinado propietario, fuera hostil a la comunidad rural que gravaba sus tierras con esos derechos colectivos a favor de terceros y abogara por la eliminación de esas restricciones. De otro lado, los pobres que no tenían posesión alguna reivindicaban el mantenimiento de esos derechos colectivos, al ser uno de los pocos modos que disponían para buscar unos ingresos con los que poder ganarse el pan y el alimento. “Faltos de tierra, despojados de sus derechos colectivos a medida que se reforzaban la propiedad privada y la gran explotación, los pequeños campesinos engrosaban las filas de un proletariado miserable e inestable, presto a alzarse tanto contra las grandes explotaciones como contra los castillos[52].

 Sólo faltaba encontrar un liderazgo que capitalizara todo ese malestar. La ocasión fue propicia cuando factores como la crisis económica contribuyó a agravar la crisis de la monarquía y dieron alas al fortalecimiento de la oposición política. Esos momentos de zozobra fueron aprovechados por quienes conformaban un grupo más cohesionado en defensa de sus intereses. “La burguesía, elemento director del tercer estado, tomó el relevo en ese momento. Sus objetivos eran revolucionarios: destruir el privilegio aristocrático, establecer la igualdad civil en una sociedad sin órdenes ni cuerpos[53].

  

EL PROCESO REVOLUCIONARIO

 Los Estados Generales. De la representación colectiva a la representación individual

   La crisis económica por la que atravesaba la monarquía francesa fue causa y motivo por el que Luis XVI se vio forzado a convocar una asamblea de notables en 1787, pensando en introducir una reforma tributaria que debía afectar en sus exenciones fiscales al clero y a la nobleza. Una vez convocada, ante la falta de acuerdos en sus debates, se optó por disolverla e imponer por decreto los nuevos tributos que se proponían. Una vez promulgados los decretos que los desarrollaban no encontraron el eco suficiente para su imposición en los Parlamentos, negándose estos a registrarlos y reclamando la convocatoria de una reunión de los Estados Generales.

  Esta insubordinación de las clases privilegiadas suscitó un debate político a nivel social en cafés, salones y academias, lo que elevó el nivel de una eventual revolución ante las perspectivas que parecían abrirse de poder abolir los privilegios feudales y tratar de limitar los poderes del rey. Finalmente, las presiones surgieron efecto, y el 8 de agosto de 1788 se convocaba a los Estados Generales, tras no haberlo hecho desde el año 1614.

  Los Estados Generales recogían el sentir del pueblo a través de los delegados que se elegían en el seno de cada uno de los tres órdenes establecidos - nobleza, clero y tercer estado - para que lo manifestaran en representación de cada uno de sus respectivos colectivos. La idea de los representantes, escribía Rousseau, “es moderna: nos viene del gobierno feudal[54]. En las antiguas repúblicas, incluso en las monarquías, explica seguidamente dando detalle, no se conocía ese término.

  Los orígenes de la representación, dice Carré de Malberg, devienen del concepto feudal, según el cual, “los vasallos debían asistencia al rey, quien, por su parte, estaba obligado a consultarlos con objeto de obtener su asentimiento a las prestaciones que pretendía imponerles[55]. La subsistencia y raigambre de esta conexión feudal de correlación mutua es la que forzaba a los reyes de Francia a convocar en asamblea a prelados y nobles en demanda de ayuda y consejo. La asistencia a la misma era considerada por estos, ya no como un derecho, sino como un deber o servicio feudal. Tradición y costumbre en los señoríos que, con el paso del tiempo, se traslada a municipios y ciudades privilegiadas que recaban, tanto el derecho a ser emplazados, cómo la obligación de asistir a las asambleas convocadas por el monarca.

  Entendida así, en una época en la que el individuo no es tomado en consideración, la representación habrá de ser contemplada como tal, pero aplicada al grupo o colectivo que viene a representar, por ser estos quienes ostentan el derecho de asistencia a los Estados Generales. Pero la paulatina desaparición del régimen feudal trajo consigo algunas novedades en cuanto a la representación. Según comenta Carré de Malberg, a partir del siglo XV, “los nobles y eclesiásticos ya no fueron convocados personalmente a la asamblea de los Estados; sino que los diputados de la nobleza y del clero tuvieron, así como los del Tercer Estado, que proceder de la elección[56]. Con esta reforma se consolidaba la supresión del primitivo derecho por el que los señoríos venían a estar representados en la persona de sus titulares y, hasta parece veían con satisfacción desprenderse de la carga de tener que comparecer personalmente y que fueran los mandatarios por ellos elegidos quienes representaran a sus valías.

   Por otra parte, sigue comentando este autor, el derecho a la representación de las ciudades fue declinando al inclinarse la monarquía porque los representantes del Tercer Estado fueran nombrados por elección, no sólo de entre los habitantes de las ciudades, sino también de la población del campo, reformas que produjeron una modificación relevante en cuanto a la concepción de la representación. De modo natural, “ocurrió que los diputados elegidos respectivamente por la nobleza, el clero y los burgueses o campesinos se comportaron como los representantes de las clases que los delegaban[57]. De esta manera, la que venía siendo una representación de las personas feudales, en el siglo XVI se convierte en una representación de los órdenes o estados que conformaban la nación francesa, y, aun estando lejos de tener un carácter individual, la representación va adquiriendo cada vez más un perfil inclinado a favor de las clases que configuran los órdenes y sus particulares intereses.

  Persistirán todavía alguno de los rasgos de la antigua representación corporativa de la época feudal. Concretamente, considerar la bailía como la unidad territorial representable, esto es, el ente que ostentaba el derecho a ser representado por los diputados elegidos en esa circunscripción electoral. Motivo por el que, en los Estados Generales, el voto no se computara por cabeza sino por bailía, lo que traía en consecuencia que cada bailía, fuera cual fuera el número de diputados que la representaban, poseyera solamente un voto, con lo que seguía vigente un régimen representativo a nivel de persona colectiva y no a nivel individual de la persona.

  En un principio, los tres órdenes se reunían en cada una de las bailías y, en común, elegían a quienes debían acudir a la convocatoria de los Estados Generales en representación de la misma. Pero a partir del siglo XVI cambia el sistema, y cada uno de los tres estados elegía, dentro de su seno, a sus propios representantes, dándose la paradoja de que la bailía se encontraba representada por tres clases de diputados. Como las deliberaciones en los Estados Generales se efectuaban separadamente por cada uno de los tres órdenes y el voto final se debía de manifestar por bailía, sucedía entonces que el resultado de las deliberaciones estaba siempre supeditado al respaldo de las mismas en votación conjunta de los tres órdenes o estados.

  No es vano este preámbulo sobre los antecedentes de la representación en Francia porque, el conocer su detalle, nos va a permitir comprender mejor la naturaleza y el régimen por el que se regían los Estados Generales convocados en 1789. De esta manera, podremos evaluar mejor la relevancia y trascendencia que tiene uno de los hechos, a nuestro juicio más significativo, que nos legó la Revolución francesa y que deviene de todo lo acontecido en sus primeras sesiones.

  Los delegados elegidos, al ser representantes de una determinada bailía y, serlo a la vez, también de cada uno de los tres órdenes concurrentes en su territorio, evidentemente no representaban a la nación entera, sino exclusivamente al ente y orden que lo eligió. Condicionados por ello, serán sólo emisarios o apoderados del colectivo que lo eligió, por lo que, en la Asamblea, no van a tener poder de decisión propia; el alcance de sus intervenciones estará limitado por el mandato que, a través del cuaderno de quejas, se les encomendó defender al elegirlos. Como mandatarios tendrán la obligación de dar cuenta de su proceder en el cumplimiento de la misión encomendada y, además, estarán sujetos a posibles revocaciones de su cargo. Este carácter de la representación, subraya Carré de Malberg, hace que en Francia, a diferencia de lo que podría ocurrir en otros países de su entorno, “los Estados Generales jamás participaron directamente en la soberanía[58].

  Los reyes de Francia nunca admitieron la doctrina que contemplaba la teoría de que su poder procediera del pueblo, un poder que el pueblo ejercitaba cuando se reunía en Asamblea. La monarquía francesa defendía que su poder procedía de Dios, por lo que sostenían la tesis que los Estados Generales se convocaban solamente como órgano consultivo y no como órgano decisorio. “El rey, según la pretensión de la monarquía absoluta, es el Estado mismo. No es un representante del Estado, sino el órgano directo del Estado[59].

  El que acabamos de describir es el sistema representativo vigente en el momento de constituir los Estados Generales en su convocatoria de 1789, y el que deberá imperar en el desarrollo y buen fin de sus debates. Pero, como ya señalábamos, y manifiesta Carré de Malberg, “apenas reunidos los Estados Generales, estos se transforman en Asamblea nacional. Y esta asamblea, a su vez, transforma completamente y en todos los aspectos la institución de la representación en derecho público[60]. Nada va a quedar de las tradiciones y costumbres del régimen representativo del antiguo régimen. A partir de entonces, imperará un nuevo sistema de representación, en el que, según este autor, se observan sustanciales diferencias.

  La primera de ellas es que el diputado ya no va a ser el representante del grupo que lo eligió; se convierte en el representante de la nación entera. El tercer Estado invitó al clero y a la nobleza a que, en común, procedieran a la comprobación de las credenciales de cada uno de ellos y, a pesar de la resistencia que en principio opusieron los otros dos órdenes, el Tercer Estado consiguió que la verificación se hiciera en el seno de su Asamblea. Triunfaban por tanto sus tesis, las impulsadas por la burguesía, y se ponía fin al antiguo sistema que contemplaba una nación dividida en tres órdenes o estados. A renglón seguido, desde los órganos revolucionarios se comenzó a difundir la idea que el Estado no estaba compuesto por grupos, clases o corporaciones; el Estado lo conformaban individuos iguales, sin distinción alguna entre ellos y amparados en unos mismos derechos.

  El segundo de los cambios que, según apunta Carré de Malberg se pueden observar, reside en la modificación que introdujo la Asamblea nacional en el antiguo régimen representativo respecto a la extensión de poderes del diputado, y que afecta a la relación de éste con los electores que lo han elegido. A partir de entonces, ya no se va a comportar como un simple mandatario del grupo que representa. El nuevo concepto de representación es totalmente opuesto a la idea del mandato, lo excluye de la nueva concepción al considerarlo incompatible con la misma. “El diputado es el elegido de un colegio de ciudadanos, y no el apoderado de ellos; durante toda la legislatura es independiente de ellos[61]. Una regla que deviene del principio que el diputado representa a la nación y comporta la supresión del mandato imperativo. Esto último se resolvió en un incidente que surgió por parte de algunos diputados que se negaban a admitir el voto por cabeza en las decisiones de los Estados Generales, alegando que venían obligados a emitir el voto por orden, en cumplimiento al mandato de quienes los habían elegido. Tras largo e intenso debate, predominó la idea de que cada uno debía expresar sus propias ideas, optando la Asamblea por exonerar a los diputados del mandato imperativo al que pudieran estar sujetos por acuerdo de sus electores. Si lo que se pretendía era cumplir con la misión de regeneración política en Francia, los diputados no debían sentirse constreñidos en sus intervenciones y debía predominar la libre iniciativa en la exposición de sus ideas y opiniones.

  El tercer y significativo cambio, según proyectó la Constituyente, giraba en torno a los poderes que debía ostentar y ejercer la propia Asamblea. Los Estados Generales no era un órgano decisorio, su cometido era el de debatir las peticiones que le llegaban a través de los representantes de cada orden y solicitar al rey la toma en consideración de sus propuestas, por si tenía a bien poner en marcha alguna de ellas. Esto cambió en 1789 al convertir en Asamblea nacional lo que hasta entonces era una reunión de los Estados Generales. De ser un ente con una capacidad meramente negociadora, la reunión en pleno de los diputados pasó a ser un cuerpo soberano, y, como legítimo representante de la nación, habilitado por tanto a tomar decisiones en su nombre. La representación no consiste ya en una correa de transmisión de la voluntad del representado, el representante va a ser el que quiere y decide por la nación. “La asamblea de diputados representa a la nación en cuanto tiene el poder de querer por ella[62].

 

EL NUEVO RÉGIMEN. LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS REVOLUCIONARIOS

 La implantación de los entes revolucionarios

   La Revolución francesa fue un proceso cuyo desarrollo fue creciendo en intensidad y violencia desde sus inicios. Avivado por unas demandas políticas cada vez más radicalizadas y preconizadas por ciertos grupos de los más diversos sectores e instituciones, que decían recoger las demandas del pueblo en favor de unos cambios sociales y políticos cada vez más profundos.

  A pesar de que su incidencia se dejó notar desde la ciudad hasta el campo en todo el territorio francés, el epicentro de la Revolución habremos de situarlo en París, donde, una vez que la Corte se vio forzada a tener que abandonar los palacios de Versalles, tuvieron lugar los hechos y sucesos más importantes. “En París, mientras la Asamblea de electores en los Estados Generales, por medio de su comité permanente, se apoderaba del poder municipal, los ciudadanos deliberaban y actuaban en los sesenta distritos constituidos para las elecciones[63]. Relegado por los sucesos acaecidos a finales de Julio de 1789, el Antiguo Régimen y todo su entramado administrativo pasaba a ser historia. Era el triunfo de la sublevación del pueblo, de la masa ciudadana y la gente del campo, que, enardecida por el discurso de destacados hombres de la clase burguesa y favorecida por la confabulación de una parte de la aristocracia, comenzaba a acariciar lo que podía ser un poder popular.

  Nace así la Asamblea Constituyente en la que predomina la influencia de una ideología revolucionaria moderada que, liderada por Mirabeau y Lafayette, defienden una monarquía limitada en sus poderes por una norma constitucional que regule la implantación de una nueva administración. Aparece también una Asamblea Legislativa, ésta dominada por el grupo de los girondinos, revolucionarios de corte liberal, cercanos a la alta burguesía comercial, y decididos a implantar una estructura descentralizada de la administración pública.

  Nos encontraremos también con la Convención, donde la influencia la marcan los jacobinos, republicanos democráticos sustentados por la pequeña burguesía, pero que reciben presiones extraparlamentarias de los sans-culottes, grupo de corte revolucionario popular con base orgánica en el Ayuntamiento de París, y que defienden la idea de una igualdad económica y la seguridad en el trabajo.

  

Estados Generales v/s Asamblea Nacional

   El hecho de que, en principio, la Convocatoria de los Estados Generales en 1789 estuviera ajustada a la misma normativa que rigiera en su última reunión de 1614, y que se pusiera fin a los compromisos que parecían unir a la aristocracia con la burguesía, no fue obstáculo para que ésta pusiera su confianza en el buen hacer del rey, pensando en que este iba a escuchar las peticiones que pensaban trasladarle. El partido patriota, conformado desde la burguesía por juristas, escritores, y hombres de negocios, tomó la iniciativa propagando la idea de libertad e igualdad civil. Su mensaje lo basó en la necesidad de igualar el número de diputados del Tercer Estado con el que tenían la nobleza y el clero juntos, lo que debía llevar al voto por cabeza y no por orden como estaba establecido. A pesar de la resistencia que encontraron en sus pretensiones, consiguieron, al menos, que se aprobara la duplicación del Tercer Estado, pero no así la del voto por cabeza.

  Todo el proceso electoral se produjo en medio de una grave crisis donde el paro crecía constantemente y el hambre se cernía sobre muchas familias, coincidiendo un clima de excitación política con graves movimientos de agitación social. La pretensión del rey de que le hicieran llegar las peticiones y reclamaciones del pueblo, fue aprovechada por el Tercer Estado para tratar de ganarse a la gran masa e influir en la opinión pública a través de la prensa y de la publicación de numerosos folletos y panfletos, que analizaban y criticaban el sistema social y político.

  Según cuenta Soboul, el reglamento electoral favorecía a la burguesía, pues los representantes del Tercer Estado se elegían de manera indirecta, en votación que se practicaba en la asamblea electoral, tras deliberar para redactar los cuadernos de queja. La representación burguesa, mejor dotada para el discurso público, dominaba así la asamblea por encima de campesinos y artesanos. “La representación del Tercer Estado no se componía más que de burgueses. Ningún campesino, ningún representante directo de las clases populares urbanas tenía escaño en los Estados Generales[64].

  Al tiempo de la constitución de los Estados Generales, los estamentos privilegiados, clero y nobleza, se presentaron en un clima de desconfianza y desunión, al contrario del Tercer Estado que, con la burguesía al frente, llegó pletórico en su afán de hacer valer sus derechos e intereses. Sus aspiraciones pasaban por modificar la reglamentación vigente, al sentirse perjudicado por estar en minoría frente a los otros dos estamentos. Inició entonces una batalla, no sólo para ver la forma de duplicar el número de sus diputados, sino para tratar de conseguir los suficientes apoyos a su propuesta de llevar a cabo las deliberaciones en común y la emisión del voto por cabeza.

  Todo comenzó con una invitación al clero y la nobleza para reunirse juntos con el fin de revisar en común la verificación de los poderes. El bloque de privilegiados empezó a resquebrajarse y el Tercer Estado vio que podía alcanzar su propósito y comenzó a preparar la asamblea para tal fin. Según comenta Soboul, Sièyes propuso dejar de lado el título de Estados Generales y adoptar uno que guardara relación con la asamblea que estaban constituyendo. Se debatieron varias propuestas, decidiéndose por llamarla “Asamblea nacional”, al mismo tiempo que aprobaban también un decreto que aseguraba el pago de impuestos y los intereses de la deuda pública. “El Tercer Estado se erigía, pues, en Asamblea nacional y se atribuía el derecho de aprobar el impuesto[65].

  El clero fue el primero que se doblegó a las exigencias del Tercer Estado, mientras que la nobleza decidió elevar una protesta al rey, quien se puso de su lado adoptando una actitud de resistencia. El Consejo decretó la nulidad de las decisiones del Tercer Estado y propuso celebrar una sesión plenaria en la que el rey se pronunciaría sobre la polémica levantada y, para evitar posibles altercados, se ordenó, con otros pretextos, cerrar la sala de los estados. Cuando los diputados del Tercer Estado se encontraron las puertas cerradas decidieron ocupar la cercana sala del Jeu de Paume y formular juramento solemne en defensa del bien público y los intereses de Francia, prometiendo no separarse jamás y reunirse cada vez que las circunstancias lo exigiesen. La sesión real que debía celebrarse el 22 de junio se aplazó para el día siguiente. Luis XVI mandaba que cada uno de los órdenes ocupasen cámaras separadas y rompió los decretos aprobados por el Tercer Estado, ordenando el desalojo inmediato de la sala. La nobleza y el clero obedecieron la orden real, no así el Tercer Estado que decidió permanecer en el salón.

  Ante esta situación sucedió algo que, para nosotros, tiene un especial valor al marcar un antes y un después en la concepción y el sentido de la representación popular. Cuenta Michelet que, cuando el maestro de ceremonias se dirigió al presidente recordándole las palabras del rey para que abandonaran la sala, este le respondió que la Asamblea se había reunido después de la sesión real y que no podía disolverla sin que hubieran deliberado. Acto seguido se volvió hacia los compañeros cercanos exclamando que la nación reunida en Asamblea no podía recibir órdenes. Según este autor, Mirabeau, que permanecía atento a lo que sucedía, tomó la palabra y dijo dirigiéndose al maestro de ceremonias: “Conocemos las intenciones que han sido sugeridas al rey; y vos, señor, que no sabríais ser su órgano ante la Asamblea, vos que no tenéis aquí ni puesto, ni voto, ni derecho de hablar, no tenéis para qué recordarnos su discurso… Id a decir a quienes os han enviado que estamos aquí por la voluntad del pueblo y que no se nos arrojará de este sitio sino por la fuerza de las bayonetas[66]. El rey no se atrevió a utilizar la fuerza y comenzó a ceder en su intransigencia.

  Esta fue una jornada de gran transcendencia para el desarrollo de la Revolución. Poco después, Luis XVI llegaba admitir ante el Consejo lo acordado por el Tercer Estado sobre los impuestos y asentía en cuanto a velar por las libertades individuales y la libertad de prensa, en palabras de Soboul, “estaba reconociendo los principios del Gobierno constitucional[67].

  Tras esta jornada tan decisiva para el futuro de la Revolución, la mayor parte del clero se incorporó a la Asamblea nacional y, poco después, lo haría un importante grupo de nobles. Ante el precipitado desarrollo de los acontecimientos y la manifiesta evidencia de los hechos, al rey no le quedó más remedio que bendecirlos con su sanción, ordenando al resto del clero y la nobleza que se incorporaran también a la Asamblea. La burguesía se apuntaba una importante victoria, concluyendo así, el que podíamos decir primer acto de la Revolución, con una Asamblea que, el 9 de julio, se autoproclamaba Asamblea Nacional Constituyente.

  A raíz de los hechos anteriores, los acontecimientos se fueron precipitando sin que nadie hubiera previsto todo lo que estaba por acontecer. Contingencias como la resistencia del rey, y de la mayor parte de la aristocracia, harían estallar graves conflictos, provocando la radicalización de una burguesía que, hasta entonces, caminaba por otros senderos. A finales de junio pasarían a la acción tomando el Ayuntamiento de París para hacer de él lo que sería la Comuna de París. El 14 de julio culminaría la revuelta con la toma de la Bastilla por un grupo de gente exaltada, espoleada por los líderes populares de París, entre otros, Desmoulins, Marat y Danton, poniendo a Lafayette al mando de la milicia parisina, convertida luego en Guardia Nacional. A la insurrección en las ciudades se sumó de inmediato la de la población campesina, pasando todos a la acción revolucionaria ocasionando graves disturbios y revueltas.

  Al parecer, la solución para retornar a la normalidad, según se reclamaba en los cuadernos de quejas, debía pasar por la abolición de los derechos feudales, cuestión que el cuatro de agosto se sometería a la decisión de la Asamblea. Tras un intenso debate, esta suprimiría las prestaciones personales y los privilegios fiscales, estableciéndose la igualdad ante los impuestos y proclamando la renuncia general a los privilegios del clero y la nobleza. Como acto final, se aclamó a Luis XVI como regenerador de la libertad francesa. Moría la Francia feudal y nacía una Francia moderna.

  Una modernidad que iniciaría su recorrido el 26 de agosto al aprobarse las bases ideológicas para un nuevo sistema político sustentado bajo la salvaguardia de la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano, tema éste que nos reservamos como epílogo y punto final para la conclusión de este capítulo.

 

La Asamblea Constituyente

   Aunque era difícil diferenciar las corrientes internas dentro de la Asamblea Constituyente, si era fácil observar, según comenta Soboul, la presencia de dos grandes grupos: “los aristócratas, partidarios del Antiguo Régimen, y los patriotas, defensores de un nuevo orden[68]; si bien, matiza, resaltarían más tarde dentro de ellos perfiles más acusados. Las deliberaciones, dirigidas por un presidente que cambiaba quincenalmente, se llevaban a cabo en sesiones de mañana y tarde. En ellas era notable la presencia del pueblo que, desde una barandilla, ocupaba los espacios superiores.

  Los patriotas solían mantener reuniones habituales en las que se discutía sobre los problemas políticos y ponían en común sus opiniones. Se formó así un club que tenía su sede en el convento de los jacobinos y al que acudían también gente burguesa acomodada, manteniendo estrechos contactos con otros clubs de distintas ciudades. De ellos se fueron escindiendo grupos discrepantes, como el Club de los Cistercienses, más moderados y con ideología monárquica.

  Otro club importante sería el de los Franciscanos, llamados así por reunirse en el convento de esa orden religiosa y donde brillaron personajes como Danton y Marat. Surgieron también en los barrios numerosas fraternidades populares que reclamaban su espacio en la vida política.

  La actividad de la Asamblea giraba en torno a dos grandes problemas, el financiero y el religioso. La situación económica empeoraba cada vez más, a la par que la gente se negaba a pagar impuestos y era difícil obligarles. Entre otras, se propuso también el requisar a la Iglesia las piezas de joyería no necesarias para el culto. Esta cuestión originó un debate sobre el derecho de propiedad y la posibilidad de expropiarlo por motivos de necesidad, disputa que concluyó con la decisión que todos los bienes eclesiásticos debían estar a disposición de la nación y que esta se encargaría de sufragar los gastos del culto. Medida que dio lugar a la intensificación del problema religioso, con el intento de la Asamblea por controlar todo lo referente a la religión.

  Pero si alguna idea predominaba en la burguesía constituyente era la de libertad. Libertad en todas sus formas, que deberían asegurar las instituciones políticas a través de una reforma que se iniciaría el mismo mes de julio de 1789, y que dio sus primeros frutos con la Declaración de Derechos y que continuaría con toda una serie de innovaciones. Desde entonces, se fue elaborando el texto de la Constitución que, tras numerosas propuestas y debates, estaría ultimado en agosto de 1791, abordándose de inmediato los trámites para la aprobación definitiva de sus apartados. Un texto del que llama nuestra atención el capítulo primero del Título tercero que regula la elección de diputados a la Asamblea nacional, estableciendo el sufragio censitario y la elección indirecta de los representantes por los electores nombrados en las Asambleas primarias de cada ciudad o cantón. En definitiva, un texto que, en opinión de Soboul, “Como liberal, establece sobre las ruinas del Antiguo Régimen y del absolutismo la soberanía nacional; como burguesa, asegura la dominación de las clases pudientes[69]. Se mantenía la figura del rey, pero con unos poderes limitados y controlados de manera que, bajo una apariencia monárquica, “la realidad del poder estaba en manos de la burguesía censataria, de los notables del dinero. Dominaban también la vida económica[70]. Un rey, Luis XVI, que finalmente juraría la Constitución y la sancionaría para su promulgación el catorce de setiembre de 1791.

 

La Asamblea Legislativa

   Con la entrada en vigor de la Constitución, la Asamblea Constituyente daba por cumplido su objetivo y dejaba abierto el proceso para nuevos cometidos que se materializaron el uno de octubre con la reunión, por primera vez, de los setecientos cuarenta y cinco representantes elegidos para constituirse en Asamblea Legislativa. Importa subrayar que los constituyentes, parece que, a petición de Robespierre, se excluyeron para no ser elegidos en el nuevo proyecto, mostrando con esta acción el deseo de renovar la institución asamblearia para dejar el camino abierto a la incorporación de nuevos diputados. Fueron mayormente jóvenes, con escasa experiencia en política, los que ocuparon los escaños en esa Asamblea, mientras que los que venían ejerciendo de líderes, optaron por ejercer su influencia en los asuntos públicos reubicados en los ambientes de influencia que se alineaban en los clubes alrededor de las principales tendencias vigentes, desde donde actuaban cual si fueran partidos políticos.

  La composición de la Asamblea estaba bastante diversificada en cuanto a la ideología de sus diputados. Poco más de un tercio de los escaños de la Cámara estaban ocupados por los llamados fuldenses, que abogaban por una monarquía constitucional. Con algo más de cien diputados se situaban los jacobinos, grupo en el que predominaba gente de la pequeña burguesía: maestros, abogados, literatos. Eran demócratas monárquicos pero con tendencia a su evolución en república. De entre ellos, y unidos a Brissot, se conformó el grupo de los llamados girondinos, que tenían una concepción federalista del Estado y eran partidarios de conferir una autonomía más amplia a los territorios departamentales. Defendían un liberalismo económico, lo que les enfrentaba a los sans-culottes, que apostaban por una economía controlada y reglada. El resto de la otra casi mitad de la Asamblea la integraban diputados sin una clara adscripción política, y sin que sobresaliera de entre sus filas nadie que ejerciera un liderazgo destacado.

  Los problemas a los que se enfrentaba esta Asamblea Legislativa eran realmente graves y de carácter muy conflictivo. En las ciudades escaseaban los alimentos y suministros, mientras que el campesinado andaba revuelto e intranquilo al no ver del todo resuelta la cuestión de los derechos feudales. Los problemas también se agudizaban en la política exterior, debido al eco favorable a la conspiración en algunas monarquías de su entorno, fomentada por grupos de emigrados que huían de la Revolución. Estos planeaban una contrarrevolución que encontró alianzas importantes en el emperador, hermano de la reina María Antonieta, y en el rey de Prusia.

  Se cernía, pues, la amenaza de una guerra que parecía satisfacer al grupo de los girondinos, pensando que traería consigo la subsistencia de la Revolución y pondría al descubierto al enemigo interno que deseaba su fracaso. Tanto Robespierre, desde el club de los jacobinos, como Marat, desde su periódico, no eran partidarios de entablar un conflicto bélico, al considerar que no estaban preparados para ello y que una situación de este tipo favorecía los intereses de la Corte y de sus leales emigrados. Nada impidió el inicio de la guerra y que los girondinos acertaran en sus designios al ver como nacía un sentimiento nacional que llamaba a defender la Francia revolucionaria.

  Ante el peligro que se cernía y en un momento que las tropas invasoras se encontraban a las puertas de París, el diez de agosto se produjo una insurrección en la que las masas populares ocuparon el Ayuntamiento de la capital para constituirse en Comuna popular, apartando a la vigente Comuna de los burgueses y convirtiéndose en la protagonista esencial de los acontecimientos futuros. Continuando con la revuelta, asaltaron el Palacio de las Tullerías, obligando al rey a refugiarse y buscar protección en el adyacente edificio de la Asamblea. En situación tan complicada y bajo la presión de las multitudes, la Asamblea, al ver que triunfaba la insurrección, aprobó en una misma sesión la supresión de la monarquía y, a propuesta de Robespierre, la formación de una Convención cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal.

  La presión de la Comuna se dejó notar en la Asamblea, que se vio obligada a decretar órdenes represivas contra el clero y a tomar decisiones de apoyo al señalamiento y detención de sospechosos contrarios al régimen establecido que, en ocasiones, llevaron al pueblo a tomarse la justicia por su mano, llegando a entrar en las prisiones y asesinar a quienes estaban privados de libertad acusados de contrarrevolucionarios.

  

La Convención

   Las elecciones para la Convención, cuenta Fernando Prieto, se desarrollaron en un clima de terror e intranquilidad que explicarían la abstención casi masiva que se produjo en las mismas: “Seis millones de abstenciones entre siete millones de votantes[71]. La composición social de sus componentes fue bastante similar a la anterior Asamblea. La mayoría de sus setecientos cincuenta miembros eran abogados, maestros o médicos. Llama la atención que, del total de diputados, solamente dos fueran simples obreros.

  En cuanto a las tendencias políticas de quienes ocupaban los escaños se distinguían, principalmente, tres grupos: la Gironda, la Montaña y la Llanura (o el Pantano). Los girondinos, adscritos en principio al club jacobino, estaban liderados por Brissot. Pasaban por ser los moderadores de la Revolución, lo que les llevó a enfrentarse con el grupo liderado por Robespierre, del que, finalmente, fueran expulsados. El grupo de la Montaña incluía a los cordeleros y a otros diputados procedentes de los jacobinos. Recibían este nombre por la situación de sus escaños en lo más alto de la Cámara y estuvieron liderados por Robespierre, Marat, Danton y Saint-Just. Defendían los intereses de la burguesía revolucionaria y de las clases populares más castigadas por la escasez.

  En opinión de Prieto, no se podría decir que en el grupo de los montañeses predominara una misma ideología, si bien, “todos compartían una inspiración rousseauniana que se concretaba en una cierta concepción de la Revolución como una fuerza de carácter moral que impone su dinámica en la Política[72]. Reconocían una estrecha relación entre política y moral, de manera que la primera debía favorecer la implantación de la segunda, y justificaban con sus teorías la imposición de represiones desde la actividad política. Además, admitieron que ante la situación tan crítica por la que atravesaba Francia, era necesario recabar el apoyo popular, mostrándose muy sensibles a las exigencias del pueblo en su pretensión de radicalizar la Revolución en busca de una reglamentación de la economía que repartiera mejor la propiedad, aun a costa de restringir ciertas libertades. El ideal montañés pasaba por implantar una república donde ya no existiría lujo alguno y en la que la propiedad estaría en manos de unos virtuosos ciudadanos. “El Estado era el agente de transformación y de promoción de una nueva situación de felicidad pública basada en la virtud de los ciudadanos[73].

  El resto de miembros, la mitad aproximada de los que conformaban la Convención, eran diputados independientes sin una clara adscripción política. Se les conocía como la Llanura o el Pantano, por estar sentados en la parte baja de la Cámara. Los tres grupos tuvieron su particular momento de relevancia presencial en la Cámara, lo que ha llevado a distinguir los distintos periodos de la Convención con el apelativo nominal de cada grupo durante el tiempo que cada uno de ellos hizo valer su influencia en la decisión final de los debates. 

  La etapa inicial estuvo marcada por las refriegas dialécticas entre girondinos y montañeses. Robespierre, al frente de los montañeses, trataba de ganarse al pueblo de París, acusando a los girondinos de falsos patriotas y de querer gobernar pensando en favorecer los intereses del funcionariado y las clases pudientes. Por su parte, los girondinos querían reducir la influencia de París, buscando ganarse el apoyo de los departamentos.

  En el comienzo de la Convención predominó el dominio de los girondinos, las victorias que se sucedían de las tropas revolucionarias avivaron su estrategia de extender la Revolución a toda Europa, pero provocaron su alejamiento de los jacobinos. En este escenario de división se produjo el debate sobre el futuro de Luis XVI, y los girondinos, en un intento de no empeorar la situación bélica que se vivía, decidieron defenderlo. En un principio, argumentando lo que proclamaba la Constitución de 1791 sobre la figura real, optando luego por la necesidad de requerir el veredicto del pueblo. Ninguna de sus propuestas tuvo el éxito que esperaban y, finalmente, Luis XVI fue condenado a muerte y ejecutado el veintiuno de enero de 1793.

  Los sucesos en Francia intranquilizaron a toda Europa, desencadenando fuertes repulsas a la Revolución en casi todos los países vecinos. Al mismo tiempo, la situación económica seguía empeorando en Francia y surgían nuevas confrontaciones en la búsqueda de medidas para encontrar soluciones. Los girondinos abogaban por una libertad económica, mientras que los sans-culottes seguían pidiendo el control del precio del pan y del grano. Los problemas seguían persistiendo sin encontrar una fácil solución, y en la Convención el grupo de los montañeses comenzó a tomar protagonismo, pidiendo “la dictadura o el despotismo de la libertad para defender la Revolución, y en contra de la Gironda, comenzó a tomar medidas represivas[74]. A su propuesta, se crearon distintos órganos para controlar cualquier acto contra la Revolución, entre ellos, el Comité de Seguridad General, que actuaría como órgano policial y tribunal de excepción. En cuanto al tema económico establecieron el control de los mercados y decidieron crear depósitos para almacenar el grano.

  La contienda entre la Gironda y la Montaña estaba servida y la situación se agravaría con el conflicto que surgió entre la Convención y la Comuna de París dominada por los sans-culottes. Todo acabó con la sublevación de los parisinos contra la misma Convención, que, finalmente, decretaría la detención de los líderes de la Gironda, acabando, así, su etapa de dominio cameral.

  Comienza entonces la que se llamó Convención montañesa. Con la ayuda de los sans-culottes, los montañeses habían logrado imponer sus decisiones y se volcaron en contrarrestar la presión popular y en tratar de ganarse a la parte de

la burguesía que se había mantenido neutral en su contienda con los girondinos. Se dictaron normas a favor de los campesinos y se abolieron totalmente los resquicios del derecho feudal. Tratando de disipar la desconfianza de la burguesía ante la posibilidad de que surgiera un gobierno popular sustentado en el pueblo de París, promovieron una nueva Constitución que sería aprobada el veinticuatro de junio de 1793 y sometida, posteriormente, al refrendo popular, aplazando su entrada en vigor hasta que se instaurara la paz, aunque nunca llegaría a estar vigente. En cuanto a su contenido y las innovaciones que pretendía implantar, las resume Prieto: “Se proclama la soberanía popular organizada a través de una plena democracia política. En consecuencia, se abandona el principio de separación de los poderes. El pueblo delega el poder que no es capaz de ejercer por sí mismo en una Asamblea, unicameral, elegida por sufragio universal, directo[75]. La Asamblea solo aprobaría proyectos de ley, aunque, para su entrada en vigor, se daba un plazo en el que las asambleas primarias podían solicitar someterlas a refrendo popular, con lo que se venía a certificar que el poder legislativo residía en el pueblo.

  El avance de las tropas extranjeras se cernía sobre Francia y la situación económica se degradaba por instantes, dando lugar a graves tumultos y al asalto de los depósitos de alimentos. El llamado Comité de Salvación cambió la dirección de su órgano directivo ejercida por Danton por la de Robespierre. Con éste, se endureció el castigo a quienes se enriquecían con la especulación, llegando a decretar la pena de muerte para los casos más graves. El avance de los contrarrevolucionarios obligó a la Convención a tomar drásticas medidas, implantando la que fuera ley de los sospechosos, que daría lugar a la que se bautizó como época del Terror, habilitando en los barrios los comités de vigilancia para delatar a quienes consideraban enemigos de la Revolución. En ese clima se produjeron las ejecuciones de los presos girondinos, gente de la nobleza y de la reina María Antonieta.

  Se adoptaron también medidas económicas, requisando alimentos y materias primas y fomentando la fabricación de armamento militar, medidas que pronto darían sus frutos. Se depuraron los mandos del ejército, nombrándose nuevos responsables y la situación se fue enderezando a favor de los intereses del gobierno de la Convención, que cada vez veía más cerca la victoria en la contienda, si bien, en sus debates se producían frecuentes enfrentamientos entre los grupos que la componían. Unos, a cuyo frente se puso Danton, pensaban que la Revolución se había sobrepasado con las medidas represivas y la persecución a las instituciones religiosas y que, acabar con eso, favorecería el final de la guerra. Apoyado por Desmoulins, Danton se propuso atacar a Robespierre, quien actuaba en su contra aludiendo a posibles temas de corrupción. Todo acabaría con la requisa de bienes de los cabecillas y de sus seguidores y la ejecución de todos ellos en la guillotina.

   Robespierre había triunfado, pero a costa de perder el favor de las masas populares, aunque, apoyado por Saint-Just, pasó a dominar la Comuna de París. Creyendo en la fuerza de las ideas, cuenta Prieto, “Robespierre instauró el culto al Ser Supremo. Era la puesta en práctica de la religión civil de Rousseau[76]. Impusieron nuevas medidas buscando recobrar un apoyo popular que no lograron recuperar, lo que sí consiguieron fue sembrar la división en la Convención y en los comités de Salvación. La burguesía pretendía acabar con el terror y la economía dirigida, mientras los partidarios de estas medidas lo que querían era continuar con las medidas de excepción. Comenzaron entonces los ataques a Robespierre quien, a pesar de sus intentos, no logró aplacar las críticas y ataques a su política y a su persona. Con el respaldo de la Convención, todo acabó con el apresamiento de Saint-Just, Robespierre y gran parte de sus seguidores y el rescate de estos por la Comuna de París, posteriormente, la Convención atacaría la sede de la Comuna y recuperaría a los presos fugados. El mismo día y sin juicio alguno, todos ellos serían ejecutados en la guillotina, poniendo así el punto final al periodo jacobino y marcando el comienzo de la Convención termidoriana.

  En esta tercera etapa se dejaría a un lado el ímpetu revolucionario y la idea de una República igualitaria que diera al pueblo la propiedad de la tierra. Emergían, así, los moderados del grupo de la Llanura, pero sin el protagonismo que en etapas anteriores habían tenido otros grupos. La Revolución se debilitaba y primaba ahora la defensa de los intereses económicos, fortaleciendo la convivencia con el apoyo y respaldo del ejército. La gente, principalmente la burguesía, hastiada de tanto terror vivido, comenzó a pensar en otro tipo de vida. Se recobraron los bailes y fiestas en los grandes salones y se agasajaba especialmente a los parientes de cuantos habían sufrido las injusticias pasadas.

  Se vivieron momentos de tensión entre montañeses y jacobinos, que acabaron con el cierre de los clubs de estos primeros. Se depuraron los órganos del Estado y se llevaron ante la justicia a quienes consideraron terroristas, ejecutándose a muchos de ellos. La política económica se dirigió a poner fin a todas las medidas restrictivas y a favorecer las condiciones para establecer un libre mercado. En este periodo hubo también momentos en los que la Convención tuvo que luchar con algunos intentos de reponer la monarquía, en ocasiones, con cierta incidencia desestabilizadora, impulsada desde Inglaterra. Intentos que fueron sofocados con tropas al mando de un joven Bonaparte.

  La acción política más importante que llevó a cabo la Convención termidoriana fue la que acometió un nuevo proyecto de Constitución que estuvo influenciada por una ideología especialmente representativa del pensamiento burgués, dando prioridad al derecho de propiedad, dejando a un lado el reconocimiento de los derechos naturales y primando la igualdad solamente en sociedad: la igualdad de derechos ante la ley. Reservaba el gobierno a los notables que estuvieran especialmente capacitados para ello y debidamente reconocidos por la sociedad.

  La Constitución termidoriana, acaba diciendo Prieto, “retoma las ideas de 1791, pero reelaborándolas en un sentido mucho más conservador y liberal. Frente a la concentración de poder de la Convención, los termidorianos vuelven a la completa separación de los poderes[77]. Un referéndum ratificó esta Constitución que llegaría a ser proclamada el veintitrés de setiembre de 1795. Según Lefebvre, con esta nueva Constitución se perseguían dos fines. En primer lugar, “suprimir la democracia política y con ello la democracia social[78]. La otra preocupación, señala, “fue proteger la libertad contra cualquier dictadura[79].

 

El Directorio

   El Directorio trajo consigo un gobierno que no conseguiría ganarse la popularidad entre la gente. Al parecer fue un gran fracaso excepto en aspectos concretos de la remodelación administrativa. Sus pretensiones pasaban por encauzar la pacificación del país, pensando para ello establecer un régimen favorable a los intereses de las clases dominantes. Implantaron un gobierno que nunca pudo reconducir la intranquilidad en la que vivía una sociedad agitada por los desencuentros políticos.

  Los aún partidarios de restablecer la realeza se mostraban cada vez más beligerantes, teniendo que actuar el ejército para que la cosa no fuera a más. Con una situación económica que no lograba reponerse de los males pasados, era caldo de cultivo para animar a la rebelión, dando lugar a imponer una actuación de represión para evitar su propagación, lo que llevó a que cobrara fuerza la opción de restaurar la monarquía. Los partidarios de esta iniciativa conseguirían un importante triunfo en las elecciones de 1797 que no llegaría a gozar de efectividad ante las medidas de excepción que se adoptaron para revisar los resultados electorales, recurriendo incluso al ejército en lo que se podría considerar un auténtico golpe de estado. Esto daría alas a las opciones de izquierda que también tuvieron que sufrir la presión del Directorio que trataba de impedir un posible triunfo de sus partidarios.

  En cuanto a la política exterior, continuaron los éxitos del ejército francés al mando de Napoleón que, descartando una posible invasión de Inglaterra, se volcaron en la conquista del norte de África, incluido Egipto. La alianza de los ingleses con Rusia y Turquía, a la que se unieron Austria y Suecia, produjeron los primeros fracasos a la política de expansión francesa. Esto, unido a que no se lograba controlar la inestabilidad interior, introdujo la idea de que había que poner fin al régimen del Directorio.

  Al no poder reformar la Constitución por el impedimento que suponía la vigencia obligada en los nueve años siguientes a su entrada en vigor, la opción legal había que descartarla y se recurrió a la vía de golpe de Estado, que se vio favorecido por el regreso de Napoleón. El nueve de noviembre de 1799, con el pretexto de una conjura, se daría a Napoleón el mando de las tropas de París. Éste conseguiría al día siguiente que se nombraran tres cónsules provisionales: “él mismo, Sieyés y Roger Ducos, investidos de poder dictatorial. Su primera medida fue disolver los Cuerpos legislativos. La Revolución había terminado[80].

 

LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

   La Revolución Francesa marca un antes y un después en los cambios políticos, motivados o no por hechos violentos, al nacer de ella un nuevo orden que nada tiene que ver con lo conocido hasta entonces. Con ella se abrió una época en la historia humana de la que, cuenta García de Enterría, no se podría decir haber concluido, ni en su expansión geográfica, ni en el perfeccionamiento de sus postulados. La libertad y la igualdad serían dos de sus notas esenciales que, desde el origen de la Revolución, serían proclamadas y consagradas en dos documentos capitales: “la eliminación total de los privilegios y la proclamación formal de la igualdad de todos los franceses, llevadas a cabo en la famosa y mítica noche del cuatro de agosto de 1789 (que se plasmaría en los Decretos de 4-11 siguientes), y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de veintiséis de agosto de 1789, que pasará a ser el documento fundacional de la Revolución y su signo emblemático, hasta hoy mismo[81].

  Uno de los principales objetivos que se pretendían con la Revolución era poner los cimientos sobre los que levantar un nuevo orden sociopolítico. Así, desde los primeros momentos, abandonando todos los principios sobre los que se cimentaba el Antiguo Régimen, la Revolución se propuso construir un nuevo ordenamiento sustentado en los pilares de la libertad y la igualdad. A este fin se dedicaron todos los esfuerzos de la Asamblea Constituyente, que, casi de inmediato, darían su fruto con la formulación de la Declaración de Derechos de 1789 y la aprobación de una Constitución que, a la espera de la sanción real, entraría en vigor en 1791. “Se abrió así lo que sin exceso puede y debe ser calificado como una nueva época en la historia universal del Derecho[82].

  En opinión de García de Enterría, desde entonces, los derechos de libertad van a ser la piedra angular del nuevo orden social y político. Algo que comenzó a instrumentalizarse en la técnica jurista, pasa a ser uno de los fundamentos esenciales en el campo de las ideas políticas, tratando de poner un rayo de esperanza en su desarrollo práctico. El precedente más próximo de estos derechos lo encontramos en las proclamas y declaraciones que se produjeron en las colonias americanas y que se consumaron con la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. En ellas, pero en especial en esta última, se declara como verdad evidente “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. No son los Gobiernos ni los Estados los que conceden estos derechos; son derechos que, desde que se nace hasta que se muere, todo ser humano los lleva innatos en su naturaleza; Gobiernos y Estados sólo deben reconocerlos y velar por su tutela.

  Aunque existe un debate sobre el origen de las principales fuentes en las que se inspira la Declaración francesa de 1789, pocos discuten una cierta incidencia de las declaraciones americanas en los constituyentes que la formularon. Uno de los autores que con más ahínco defendió la tesis a favor de este influjo americano en el texto francés, fue el profesor alemán Georg Jellinek, quien califica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución francesa. De ella, prosigue, se han tendido más en consideración sus connotaciones políticas e históricas que su importancia en el campo histórico-jurídico. Pero sea cual fuere el valor que pueda darse a sus proposiciones, subraya, “bajo su influjo se ha formado la noción de los Derechos subjetivos públicos del individuo en el derecho positivo de los Estados del Continente europeo”  [83].

  Según comenta este autor, jurídicamente sólo se reconocían los derechos de los Jefes de Estado y los privilegios de clase en cuanto a particulares o corporaciones; cualquier derecho general de los súbditos era reconocido únicamente como un deber del Estado, sin respaldo ni garantía de título jurídico alguno a favor del individuo. Ha sido con la Declaración de Derechos francesa, cuando, nociones y conceptos de los derechos subjetivos del individuo frente al Estado, hasta entonces sólo contempladas en el Derecho natural, han comenzado a tomar cuerpo en el Derecho positivo. Será la Constitución francesa de 1791 la que en su Título primero - Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución - y fundamentado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que le precedía en el texto promulgado, declare: La Constitución garantiza como derechos naturales y civiles…, toda una serie de ellos que detalla a continuación. Lo relevante de todo ello, según comenta Jellinek, es que, “bajo el influjo de la Declaración francesa se han adoptado en las Constituciones de los otros Estados continentales análogos catálogos de Derechos[84].

  Ahora bien, la constitución de un derecho se convierte en un acto puramente demagógico si no lleva anejo la correlación sobre quien recae el deber de satisfacerlo. Derecho y deber son dos nociones que se complementan entre sí; aquél no puede existir sino vinculado a éste, el primero necesita del segundo para hacer efectiva la realidad de su perfeccionamiento. En el caso de la Constitución francesa de 1791, no es sólo que esté inspirada en los principios[85] que proclama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es que los recoge expresamente para garantizarlos en su Título I, “Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución”. Pero, a nuestro juicio, es esta una garantía que adolece de una perfección determinante al no estar claramente definido el procedimiento a seguir para la restauración de un derecho que pudiera haber sido conculcado.

  Lo que sí es fácil observar en el resultado final, tanto de la Declaración de Derechos[86] como del texto constitucional de 1791[87], es la influencia que debieron tener en los constituyentes franceses las ideas[88] de Montesquieu sobre la separación de poderes. La evidencia parece clara, al igual que parece lógico se hiciera así pensando en establecer, precisamente, un sistema de garantías que velara por el fiel cumplimiento de cuanto se proclamaba en la Declaración de Derechos.

  Cómo también todo apunta que, tratando de apuntalar la eficacia de la separación de poderes, incidieron en el tema acotando las atribuciones del poder legislativo en el Capítulo III del mismo Título III, que contempla estas cuestiones en la Constitución y, además, para mayor precisión, establecen toda una serie de restricciones[89] que las concretan y complementan.

  Pero no debió de estar falto de discrepancias el debate parlamentario sobre la cuestión de la separación de poderes. Según cuenta Duguit, algunos diputados, aun estando de acuerdo en la necesidad de introducir en el texto constitucional unas normas regladas que establecieran el principio mismo de la separación de los tres poderes sobre los que se sostenía el Estado, “eran ciertamente de la opinión de que debía introducirse algunos límites a éste, de que no había que aislar completamente a los poderes, de que tenían que establecerse entre ellos algunas relaciones de manera que se asegurara el equilibrio gubernamental[90].

  Recuerda este autor, que este principio de la separación de poderes es relativamente novedoso y extraño en las vísperas de la Revolución. Al momento de la convocatoria de los Estados Generales, era el rey en su persona quien concentraba todas las funciones del Estado, lo que no quita para recordar que ya en épocas anteriores se vino a solicitar el poner límites al despotismo de la realeza. Pero no sería, comenta, ni en los memoriales de agravios, ni en las instituciones francesas, ni en los Cuadernos de Quejas de 1789, donde los constituyentes franceses pudieron ilustrarse sobre el tema de la separación de poderes. Es fácil, pues, comenta Duguit, “determinar las fuentes en las que bebieron: se trata de las obras de Montesquieu, la Constitución inglesa y la Constitución americana[91].

  Según comenta este autor, reduciendo a los elementos más sencillos, la teoría de la separación de poderes consistiría en crear en el Estado varios órganos distintos, sin que existiera siquiera acción recíproca entre ellos, ni relación alguna entre los mismos, y que cada uno ejerciera sus funciones manteniéndose al margen de los otros. No duda Duguit de la buena intención de quienes ven en la separación de poderes el principio fundamental de cualquier régimen político de carácter representativo basado en la soberanía popular, si bien ve en ello una singular ilusión.

  Duguit no concibe una separación absoluta de poderes. El funcionamiento de un Estado trae en consecuencia la adopción de acuerdos que llevan consigo la consiguiente promulgación de una orden, todo consiste, dice, en un acto de voluntad, lo que, a su juicio, implica el concurso de todos los órganos que componen el Estado. “El gobierno parlamentario, que hasta ahora es la forma política mejor adaptada a la “democracia representativa”, el gobierno parlamentario, que es el único que, a pesar de lo que se diga, puede garantizar en un gran país a la vez los derechos de la colectividad y del individuo, no reposa sobre la separación de poderes, sino, por el contrario, sobre su colaboración y solidaridad”[92].

   Algo de razón tiene Duguit en sus reflexiones, pero complejo y delicado es el tema para entrar ahora en detalles. Nos remitimos en nuestra opinión a las reflexiones y conclusiones finales.


NOTAS


[1] Daniel Mornet, en Los Orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, 1715/1787, en Paidos (Buenos Aires 1969) 19.

[2] Ibídem 19.

[3] Jacques Godechot, en Los orígenes de la revolución francesa, en Sarpe (Madrid 1985) 33-34.

[4] Daniel Mornet (o. c. nota 1) 20.

[5] Miguel Poradowski, en Las causas de la Revolución francesa, en Revista Verbo, Nº 281-282, Año 1990. 21.

[6] Norman Hampson, en Historia social de la Revolución Francesa, en Alianza (Madrid 1984) 15.

[7] Alexis de Tocqueville, en El antiguo régimen y la Revolución I, en Alianza (Madrid 1993) 45.

[8] Albert Soboul, en La Revolución francesa, en Oikos-Tau (Barcelona 1981) 13.

[9] Hypolite Taine, en Los orígenes de la Francia contemporánea (El antiguo régimen) I, en Orbis (Barcelona 1986) 47.

[10] Ibídem 47.

[11] Ibídem 50.

[12] Ibídem 53.

[13] Alexis de Tocqueville, (o. c. nota 7) 26.

[14] Ibídem 27.

[15] Georges Lefebvre, en 1789. La Revolución Francesa, en Editorial Laia (Barcelona 1982) 9-10.

[16] Albert Soboul, en Compendio de Historia de la Revolución Francesa, en Kyrios (2007) 11.

[17] Georges Lefebvre (o. c. nota 15) 11.

[18] Albert Soboul (o. c. nota 16) 12.

[19] Ibídem 14.

[20] Alexis de Tocqueville, en El Antiguo Régimen y la Revolución II, en Alianza (Madrid 1982) 18.

[21] Ibídem 18.

[22]Al principio, y hasta 1770, el aumento de la producción agrícola, origen del crecimiento demográfico, bastó para abastecer la demanda de las nuevas generaciones. En cambio, a partir de 1770, siendo más numerosa la población y encontrándose la producción marcada por frecuentes malas cosechas, se hizo difícil alimentar a las masas”. Jaques Godechot (o. c. nota 3) 34.

[23] Albert Soboul (o. c. nota 8) 28.

[24] Ibídem 28-29.

[25] Norman Hampson, (o. c. nota 6) 17-18.

[26] Albert Soboul (o. c. nota 16) 14.

[27]Pero a finales del siglo XVIII, la nobleza francesa no era ya más que una sombra de sí misma; había perdido a la vez su acción sobre el príncipe y sobre el pueblo. El rey aun extraía de ella los principales agentes del poder, per, actuando así, sólo seguía instintivamente una antigua costumbre, no reconocía un derecho adquirido”. Alexis de Tocqueville (o. c. nota 7) 14.

[28] Georges Lefebvre, en La Revolución francesa y el Imperio (1787-1815), en FCE (México 1979) 31.

[29] Alexis de Tocqueville (o. c. nota 7) 158.

[30] Ibídem 158.

[31] Ibídem 24.

[32] Ibídem 24.

[33] Ibídem 156.

[34] Ibídem 158.

[35] Georges Lefebvre (o. c. nota 28) 27.

[36] Alexis de Tocqueville (o. c. nota 7) 29.

[37] Daniel Mornet (o. c. nota 1) 25.

[38] Alexis de Tocqueville (o. c. nota 7) 39.

[39] Daniel Mornet (o. c. nota 1) 128.

[40] Ibídem 185.

[41] Ibídem 185.

[42] Ibídem 391.

[43] Georges Lefebvre, (o. c. nota 28) 32.

[44] Emmanuel Sieyes, en ¿Qué es el Tercer Estado?, en Alianza (Madrid 1994) 84.

[45] Elinor G. Barber, en La burguesía en la Francia del siglo XVIII, en Ediciones Revista de Occidente (Madrid 1975) 19.

[46] Ibídem 17.

[47] Ibídem 22.

[48] Jacques Godechot (o. c. nota3) 66.

[49] Georges Lefebvre (o. c. nota 28) 36.

[50] Ibídem 37.

[51] Albert Soboul (o. c. nota 8) 22.

[52] Ibídem 24.

[53] Ibídem 35.

[54] Jean-Jacques Rousseau, en Del contrato social, en Alianza (Madrid 1991) 98

[55] Raymond Carré de Malberg, en Teoría General del Estado, en FCE (México 2000) 942.

[56] Ibídem 943.

[57] Ibídem 944.

[58] Ibídem 946.

[59] Ibídem 948.

[60] Ibídem 948.

[61] Ibídem 955.

[62] Ibídem 969.

[63] Albert Soboul (o. c. nota 8) 41

[64] Albert Soboul (o. c. nota 16) 68.

[65] Ibídem 74.

[66] J. Michelet, en Historia de la Revolución Francesa. Tomo I, en Biblioteca Popular (Valencia 1900) 107-108

[67] Albert Soboul (o. c. nota 16) 75.

[68] Ibídem 97.

[69] Ibídem 112.

[70] Ibídem 114.

[71] Fernando Prieto Martínez, en La Revolución francesa, en Istmo (Madrid 1989) 37.

[72] Ibídem 38.

[73] Ibídem 38.

[74] Ibídem 41.

[75] Ibídem 43.

[76] Ibídem 48.

[77] Ibídem 52.

[78]El sufragio universal desapareció. Una contribución directa cualquiera bastó para ser ciudadano activo, pero para ser elector era necesario ser propietario o locatario de una tierra o una casa de valor variable, según las localidades. En manos de estos electores, aproximadamente veinte mil, el predominio de los notables pareció asegurado”. Georges Lefebvre (o. c. nota 28) 138-139

[79]El Cuerpo legislativo fue dividido en dos cámaras: los Ancianos y los Quinientos. El ejecutivo fue confiado a un Directorio de cinco miembros elegidos por los Ancianos entre los candidatos propuestos por los Quinientos. Cada año, la tercera parte de los diputados y un director veían expirar su cargo. Con los dos poderes así divididos y sin autoridad recíproca se suponía que el poder del Estado, reducido al mínimo no podría nunca volverse dictatorial y amenazar la libertad”. Ibídem 139.

[80] Fernando Priero Martínez (o. c. nota 71) 55-56.

[81] Eduardo García de Enterría, en La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa, (Discurso leído en el acto de recepción como académico el día 24 de octubre de 1994 en la Real Academia Española) Publicación de la Real Academia (Madrid 1994) 24-25.

[82] Ibídem 54.

[83] Georg Jellinek, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, UNAM (México 2000) 81-82.

[84] Ibídem 82.

[85]La Asamblea nacional, queriendo establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar”. Constitución Francesa de 1791, en Fernando Prieto (o. c. nota 71) 87.

[86]Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución”, en Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, en Fernando Prieto (o. c. nota 71) 84.

[87] : “El Poder legislativo está delegado en una Asamblea nacional compuesta de representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo (…) El Poder ejecutivo está delegado en el rey, para ser ejercido bajo su autoridad por ministros y otros agentes (…) El Poder judicial está delegado en jueces elegidos temporalmente por el pueblo”, en Constitución de 1791, en Fernando Prieto (o. c. nota 71) 87 yss.

[88]Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

  Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.  

  Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”. Montesquieu, en Del Espíritu de las Leyes, en Tecnos (Madrid 1993) 107.

[89]El cuerpo legislativo no podrá ser disuelto por el rey (T-III, C-I, A-5) El poder ejecutivo no puede hacer ninguna ley, ni siquiera provisional (T-III, C-IV, A-6) El Poder judicial no puede ser ejercido en ningún caso por el Cuerpo legislativo o por el rey” (T-III, C-V, A-1) Constitución Francesa de 1791, en Fernando Prieto (o. c. nota 71) 91.

[90] Léon Duguit, en La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789, en (CEC, Madrid 1996) 5.

[91] Ibídem 11.

[92] Ibídem 3.